Hay ajustes que aparecen en una planilla y otros que se descubren frente al mostrador de una farmacia. En la provincia de Buenos Aires, la crisis económica empezó a modificar decisiones elementales sobre la salud: postergar una consulta, espaciar un control, abandonar un medicamento o endeudarse para poder atenderse. Un estudio realizado por la Carrera de Sociología de la UBA, la Fundación Participar y Arqueos muestra que el deterioro de los ingresos y el encarecimiento de las coberturas privadas están trasladando una demanda creciente hacia IOMA, las obras sociales y el sistema público provincial.
El número que resume el problema es contundente: el 56,6% de las personas relevadas reconoció haber cambiado alguna práctica vinculada con su atención o cuidado debido al aumento de los costos.
Dentro de ese universo, el 24,1% postergó consultas médicas y el 18,1% directamente dejó de comprar algún medicamento. El 30,2%, además, tuvo que endeudarse para afrontar gastos relacionados con su salud.
No significa que todas las familias hayan abandonado el sistema sanitario. Describe algo más cotidiano y silencioso: cuando el ingreso no alcanza, la atención médica empieza a competir dentro del mismo presupuesto con alimentos, alquiler, servicios y otras deudas. El chequeo que puede esperar se posterga. El estudio que parecía necesario pasa al mes siguiente. Y una necesidad sanitaria que no desapareció queda escondida detrás de una decisión económica.
La demanda no desaparece: cambia de puerta
El movimiento también está modificando el mapa de las coberturas. El 51,3% de los consultados conoce personas que dejaron una prepaga para pasar a una obra social o recurrir al sistema público. La salud privada puede perder un afiliado, pero ese paciente sigue necesitando médicos, estudios y medicamentos.
Una parte de esa presión está llegando a IOMA. Durante el primer trimestre de 2026, la obra social bonaerense registró un crecimiento del 10% en la demanda de prestaciones médicas y medicamentos. Entre 7.533 afiliados cuyos consumos anteriormente pasaban por otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de empresas de medicina prepaga y el 8% de otras obras sociales.
El fenómeno permite entender una consecuencia territorial de la crisis que suele quedar tapada por la discusión macroeconómica. Cuando una familia deja una prepaga porque no puede pagarla, el costo sanitario no se evapora. Cuando PAMI no resuelve una prestación y una persona también afiliada a IOMA busca allí una respuesta, la necesidad tampoco desaparece. La cuenta simplemente cambia de ventanilla.
Ese desplazamiento ocurre mientras las provincias deben sostener sus redes sanitarias en un escenario marcado por menores recursos nacionales. El 48,5% de los encuestados considera que esa reducción afecta mucho al sistema público bonaerense.
También cambió la mirada sobre quién debe garantizar la atención. El 72,3% sostiene que esa responsabilidad corresponde al Estado, contra el 12,4% que prefiere un esquema privado. En 2025 la relación era 69% contra 24%. En plena crisis, lejos de retroceder, la demanda social de cobertura pública aumentó.
El dato importa porque detrás de cada porcentaje hay decisiones domésticas. Una madre que posterga un control, un jubilado que busca en IOMA lo que no consiguió en otra cobertura o un trabajador que financia un tratamiento con deuda no son abstracciones presupuestarias.
