El vocero de Milei dejó abierta la puerta a una futura candidatura. Más que un delirio, un síntoma: La Libertad Avanza no tiene estructura, pero sí nombres que aprenden rápido a ocupar lugar.
La CTA rechazó las sanciones de Patricia Bullrich y reivindicó su derecho a la protesta
Mediante una carta documento, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) denunció una “persecución política y un intento de intimidación a la clase trabajadora a partir de la imposición de multas por parte del ministerio de Seguridad de la Nación” ante las movilizaciones de los días 22 y 27 de diciembre pasados.
Política 18/01/2024
La carta, firmada por Hugo “Cachorro” Godoy y dirigida al ministerio que encabeza Patricia Bullrich, sostiene que las afirmaciones e intimaciones realizadas por dicha dependencia durante la semana pasada son “ilegítimas, improcedentes y mendaces”.
Cabe recordar que el pasado 10 de enero al ministerio a cargo de Bullrich intimó a la CTA Autónoma y a otras tantas organizaciones sindicales y sociales al pago de multas por participar de las movilizaciones de los días 22 y 27 de diciembre del 2023, bajo la aplicación del denominado “Protocolo Antipiquetes”, una reglamentación que crea y sanciona supuestos delitos que no están encuadrados como tal en el Código Penal.
Al respecto, la Central señaló que estas intimaciones contra sindicatos y movimientos sociales representan “un burdo intento de amedrentamiento de los actores sociales en el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse”.
En ese sentido, y frente a los intentos de sanción por parte del ministerio, la CTA recordó en su respuesta derechos reconocidos constitucionalmente como la libertad sindical, de huelga, libertad de expresión, de peticionar a las autoridades, de reunión, de resistencia, y alertó sobre la posibilidad “de encontrarse lesionados seriamente los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de Comisión Americana de Derechos Humanos (CADH)”.
Por último, la carta documento emitida por la organización obrera advierte que estas acciones constituyen un “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por parte de Bullrich.
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