Hambre, desempleo y represión: la olla social que hierve en la región

Mientras el gobierno nacional celebra una "desaceleración histórica" de la inflación, en los barrios del conurbano norte la estadística no alcanza ni para prender la hornalla. 

Las ollas populares, los comedores desbordados y las filas por una garrafa arman un paisaje de resistencia silenciosa. En San Miguel, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz, el invierno cala hondo: en las cocinas ya no hay qué calentar.

El contraste entre los indicadores que agita el oficialismo y la intemperie de los territorios es brutal. Mientras Milei se regodea con una inflación "domada", la canasta básica en los barrios sube tres veces más. 

Los precios bajan en el Excel, pero suben en el almacén. La "recuperación económica" no llega a la esquina donde se reparten viandas ni a las ferias donde se revenden empanadas para zafar el día.

Los informes que circulan en los despachos municipales prenden alarmas. En muchos barrios ya no hay ni changas. Antes el hambre venía con rebusque; ahora viene sola. 

Los informes técnicos identifican zonas críticas con altos niveles de desempleo, trabajo precario y deserciones escolares. Y algo peor: un vacío estructural. Porque no es sólo falta de ingresos. Es falta de horizonte.

El "cuentapropismo forzoso" avanza como la única opción. En José C. Paz se multiplican los monotributistas sin obra social ni trabajo regular. En Malvinas, el pluriempleo es la regla: limpiar casas, vender títeres, cuidar adultos mayores. Todo suma algo. Nada alcanza.

En paralelo, se saturan las salitas de salud, se recortan los turnos de pediatría, y los equipos territoriales denuncian casos crecientes de niños con bajo peso. Las docentes de los jardines alertan por chicos que llegan sin desayunar. "Hace tiempo no veíamos estas caritas", dicen. El 2001 deja de ser referencia histórica y se vuelve espejo del presente.

Institucionalización de la represión

Pero a la pobreza se le sumó el miedo. Desde diciembre de 2023, la protesta es enfrentada con gendarmes, palos y causas judiciales. En zona norte también se sintió el protocolo antipiquetes. Hubo operativos en las inmediaciones de comedores, intentos de decomisar mercadería y controles intimidatorios en asambleas vecinales. Nada casual. Todo disciplinador.

Los movimientos sociales, que antes articulaban contención, hoy son sospechados, judicializados, vaciados. Se cortó la cadena: sin programas, sin alimentos, sin diálogo. Aislados. 

En las intendencias, los funcionarios territoriales intentan contener como pueden. Pero también están atados: sin partidas, sin recursos, sin margen.

En San Miguel o Moreno, incluso en zonas de Tigres y hasta de San Isidro se observan aumentos de consultas psiquiátricas, brotes de violencia intrafamiliar, y una preocupante alza en el consumo de sustancias. La red comunitaria también empieza a crujir. 

Ya no alcanzan las ollas, ni los clubes de barrio. Las tramas se tensan y el humor social cambia.

En los despachos nacionales se sigue vendiendo el relato del "shock necesario". En el norte del conurbano, ese shock ya dejó huesos rotos. Los datos que celebra el gobierno son irrelevantes frente a una escena donde cada mañana se juega la supervivencia.

Puede que no haya protestas masivas, pero eso no es estabilidad. Es agotamiento. 

El silencio no es paz. Es desgaste. Y en algún punto, la olla hierve. Y cuando eso pase, no habrá protocolo que alcance.

El conurbano norte no está tranquilo: está contenido por un hilo. Las familias hacen malabares con la dignidad, pero no se come de promesas ni se abrigan con planillas de Excel. En la narrativa oficial, el "plan va bien". En las calles de Grand Bourg, en los pasillos de un club en Pablo Nogués, en una escuela de barrio en José C. Paz, el plan hace agua. 

Y cuando el agua hierve, quema. Y arde. No por ideología, por hambre.