La fiscalía pidió 15 años de prisión por el intento de magnicidio, probó planificación y ejecución, pero evitó responder lo que todos se preguntan: ¿fueron apenas dos improvisados o había hilos más finos detrás?
Actualidad20/08/2025
Habrá condenas duras, pero ¿Se llegó al hueso del caso?
La fiscal Gabriela Baigún no se anduvo con vueltas: mostró videos, chats, recorridos, y pintó a Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel como un dúo que planificó y ejecutó el ataque contra Cristina Kirchner. Todo medido: desde vender copitos días antes en Recoleta hasta pasearse por Constitución como si fueran dos novios de shopping. El pedido fue claro: 15 años de cárcel para ambos, nada de atenuantes.
La escena judicial fue prolija, pero en su prolijidad es donde empieza la incomodidad. Porque sí, los ejecutores están probados, nadie duda de que apretaron el gatillo (o al menos lo intentaron). El punto es que el juicio se conforma con ese relato: dos pibes marginales, una pistola y la suerte de una bala que no salió. Como si todo quedara reducido a “dos boludos solitarios” que decidieron un día cargarse a la vicepresidenta.
Las preguntas que el juicio no quiere contestar
¿Quién bancaba a esta pareja? ¿De qué vivían cuando no jugaban a ser francotiradores de Telegram? ¿Por qué algunos contactos y vínculos políticos detectados nunca se investigaron en serio? ¿De verdad se cree que una organización capaz de armar un intento de magnicidio se limita a un grupo de marginales sin padrinos?
La fiscalía fue quirúrgica en reconstruir el minuto a minuto, pero completamente silenciosa en lo que incomoda: si hubo financiamiento, si existieron motivaciones políticas más allá del odio visceral, si había contactos con alguien con poder real. La pregunta flota y nadie la agarra: ¿qué se esconde al no incomodar demasiado?
Dos ejecutores, muchas sombras
El alegato pintó a Sabag como el que apretó el gatillo y a Uliarte como la que alentó desde los chats con frases del estilo “hay que darle un corchazo”. Todo suena grotesco, pero lo que no termina de cerrar es el contexto: un intento de magnicidio en democracia, a metros de militantes, con un arma cargada, y que el expediente siga encajonado en el relato de dos improvisados.
En política, los silencios dicen más que los alegatos. El juicio despeja dudas sobre la autoría, pero abre otras sobre la intencionalidad de que no se mire más arriba. Y ahí está el verdadero nudo: se naturaliza que alguien casi mata a Cristina, pero se evita discutir por qué alguien quiso hacerlo, quién se benefició y cómo se construyó el clima de odio que lo hizo posible.
La fiscalía puede dar por probada la tentativa de homicidio y cerrar con pedido de 15 años. Lo que no puede (o no quiere) es responder la pregunta que queda vibrando en cada esquina política: si este fue un acto de marginales con delirios de grandeza o un ensayo sucio con apoyos invisibles.
La justicia parece cómoda en el primer relato. Porque el segundo abriría una caja que nadie en el poder quiere destapar. Y todos sabemos que, en este país, las cajas cerradas siempre pesan más que las balas que no salieron.
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