La senadora cordobesa del PRO aseguró que “los niños argentinos no tienen derecho a atenderse en el Garrahan”. Una frase que encendió repudios y expuso la falta de información: el hospital atiende derivaciones de todo el territorio nacional. En los hechos, se financia en gran parte con recursos que salen de la Provincia de Buenos Aires.
Actualidad20/08/2025
El problema de pensar con el “culo”.
En política no todas las frases pesan igual. Hay bolufrases que se las lleva el viento y otras que quedan tatuadas. Lo que dijo Carmen Álvarez Rivero en comisión del Senado sobre el Garrahan entra en la segunda categoría. “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”, soltó, como quien cree haber encontrado el argumento definitivo. Lo único que encontró fue un repudio transversal y la certeza de que hablar de oído sobre un hospital símbolo de la salud pública es dinamita.
El Garrahan no es un hospital de barrio, es el centro pediátrico nacional de referencia, el que recibe derivaciones de todos los rincones del país, el que resuelve casos que no se atienden en ninguna otra parte. Y es público: todos los niños y adolescentes argentinos pueden ser derivados para su atención, sin cobro alguno. Además, es el Hospital Nacional Pediátrico de Alta Complejidad más importante de Hispanoamérica, tiene el doble de camas que su par mexicano (también de excelencia) “Federico Gómez”. La senadora quiso señalar la falta de financiamiento federal para su provincia, pero eligió el peor ejemplo posible.
¿Quién banca al Garrahan?
El Garrahan funciona con un esquema claro: 80% de su presupuesto lo cubre el Estado nacional, 20% lo aporta la Ciudad de Buenos Aires. No hay magia ni privilegios. Y de ese 80% nacional, casi el 40% surge de recursos fiscales recaudados en la Provincia de Buenos Aires. En otras palabras: Buenos Aires, que ya sufre el histórico despojo de la coparticipación (aporta casi el 38% de la recaudación nacional y recibe apenas el 6,8%), termina financiando de manera indirecta el 32% del presupuesto del Garrahan.
Por eso, el reclamo de Álvarez Rivero no solo fue inoportuno: fue desinformado. Mientras ella pedía que Córdoba obtenga un trato preferencial, la matemática fiscal muestra que los bonaerenses, que aportan mucho más de lo que reciben, sostienen también la existencia de ese hospital que atiende a chicos de todas las provincias, incluida Córdoba.
Política de alto costo
El problema de estas frases no es solo el error técnico: es el costo político. Porque el Garrahan tiene un nivel de legitimidad que atraviesa grietas. Nadie discute su rol. Señalarlo como un “derecho que no existe” fue pegarle a un símbolo social del que dependen miles de familias. La propia senadora intentó recular en redes acusando a los medios de “mala leche”, pero el daño ya estaba hecho. Lousteau, Tagliaferri y Corpacci le contestaron en vivo, y la frase quedó como muestra de lo que pasa cuando el fanatismo ideológico reemplaza a los datos.
El trasfondo es otro: la tensión entre provincias que piden recursos y una Nación que administra con desigualdades históricas. Córdoba tiene razón cuando denuncia falta de fondos, pero esa pelea no se resuelve desacreditando un hospital nacional de referencia. Se resuelve en la discusión de coparticipación, donde los números prueban que Buenos Aires es la provincia más perjudicada.
Álvarez Rivero quiso instalar que el Garrahan no es un derecho. Lo que consiguió fue recordar que en Argentina sí lo es: cualquier chico, de cualquier provincia, puede ser atendido allí. Y que, en los hechos, se financia con el esfuerzo fiscal de millones de bonaerenses que aportan más de lo que reciben. Paradójico: la senadora que pretendió hacerse la guardiana de la salud cordobesa terminó subestimando a un hospital que salva vidas de chicos cordobeses todos los años. En política, las bolufrases no son inocuas: algunas te marcan para siempre.
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