Elizabeth Rodrigo fue detenida en el marco de un megaoperativo con 15 allanamientos y 12 mujeres rescatadas. La investigación reveló un entramado que ofrecía falsas promesas laborales, forzaba a las víctimas a pagar “books” de fotos y las movía entre provincias bajo amenazas.
Policiales 27/08/2025
Las calles tienen secretos que suelen esconderse en casas de fachada tranquila. Esta vez, la puerta que se abrió fue la de Elizabeth Rodrigo, madre de la actriz Ayelén Paleo, en plena Ciudad de Buenos Aires.
Allí la Policía encontró cuadernos con anotaciones, dispositivos electrónicos, cámaras y lencería erótica. No era un hallazgo aislado: era la pieza central de una red de trata que venía operando en Capital, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, captando mujeres adultas bajo promesas de trabajo que nunca existieron.
La investigación arrancó casi un año atrás, en noviembre de 2024, con la denuncia de una mujer que dijo haber sido contactada para un empleo de limpieza. Detrás del aviso había otra historia: captación, coerción, deuda y explotación. Con el correr de los meses, la trama se fue desenredando hasta llegar a un operativo simultáneo con 15 allanamientos en tres provincias y la Ciudad.
El mecanismo era perverso y a la vez meticuloso. Las víctimas recibían un celular cuyo número cambiaba cada diez días para evitar rastreos. Antes de ser publicadas en portales de oferta sexual como Skokka o Platynum, eran obligadas a comprar un “book” de fotos por 90 mil pesos. No era un servicio voluntario: era una imposición que generaba deuda. Esa deuda se transformaba en cadena: cada atraso en el pago era respondido con amenazas de muerte.
El negocio estaba aceitado. Según los registros hallados, las transferencias a dos cuentas de Mercado Libre superaban los cinco millones de pesos mensuales. El movimiento de las mujeres era constante: micros de larga distancia que las trasladaban cada diez o quince días entre Rosario, Bahía Blanca y Santa Rosa. Una rotación planificada para evitar vínculos estables y reforzar el control.
En La Pampa, una mujer de 37 años fue rescatada. Allí también cayó Carlos Alberto Molina, de 62 años, señalado como “socio” de la organización. En su poder encontraron dólares, euros, contratos de alquiler de departamentos usados como prostíbulos encubiertos, una máquina de contar billetes y preservativos.
En Santa Fe, seis mujeres de entre 22 y 45 años fueron liberadas de otro circuito similar. Y en la provincia de Buenos Aires, además de Rodrigo, fueron imputadas Claudia Noemí Aroca y detenidas Noelia Macarena Lacuadra —acusada de manejar la pata digital— y Noelia Elizabeth Ávalos, junto a otras cinco víctimas rescatadas, una de ellas paraguaya.
Los objetos secuestrados cuentan la historia del negocio: libretas con cuentas, celulares con números aún sin activar, dólares en efectivo, ropa íntima, dispositivos electrónicos y hasta una vieja CPU Commodore usada como soporte. La organización se movía entre lo precario y lo sofisticado: del cuaderno escrito a mano a la web controlada con precisión.
Detrás de los nombres propios hay algo más: la confirmación de que la trata de personas no es un fenómeno lejano, sino una economía clandestina que se mueve con eficacia y crueldad en ciudades medianas y barrios humildes. Ofrece trabajo, genera deudas, amenaza y lucra con la vulnerabilidad. La esclavitud más denigrante para una mujer detrás de la trama.
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