Diputados de distintos bloques negocian una moción de censura contra el Jefe de Gabinete por no aplicar la Ley 27.793. El caso ya unió firmas de Encuentro Federal y aliados; si la mayoría absoluta acompaña en ambas Cámaras, Francos puede ser removido según el artículo 101 de la Constitución.
Política 22/09/2025
Ley de Discapacidad
El Gobierno se entretiene contando dólares y posteos; el Congreso cuenta votos. Mientras la Casa Rosada pateó la ley de emergencia en discapacidad hacia un “después” presupuestario, la oposición hizo lo que sabe: armó mayoría.
El expediente político tiene nombre y apellido: Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, bajo moción de censura por incumplir una ley que el propio oficialismo no pudo frenar ni con veto. Y aquí no hay metáforas: el artículo 101 de la Constitución habilita la remoción por mayoría absoluta de ambas Cámaras. Si se alinean los porotos, Francos sale por la misma puerta por la que entró.
El movimiento lo empuja Encuentro Federal, con Oscar Agost Carreño al frente, y lo firman referentes con oficio parlamentario: Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, entre otros.
La acusación es concreta: desobediencia a la ley vigente y maniobras “inconstitucionales” para suspender sus efectos mediante el Decreto 681/2025, que condicionó la aplicación a un futuro Presupuesto 2026. Traducción: cuando la ley dijo “ahora”, el Ejecutivo respondió “cuando pueda”. El Congreso, esta vez, dice “no”.
La emergencia en discapacidad (Ley 27.793) no es una consigna: es una obligación presupuestaria y operativa. El Jefe de Gabinete debe asignar y/o reasignar partidas. Punto.
En vez de eso, el decreto puso en pausa lo urgente y abrió un atajo administrativo que subordina la vigencia de la ley a una fuente de financiamiento aún inexistente. La crítica opositora es quirúrgica: el Poder Ejecutivo no puede agregar pasos a lo que el Congreso ya ordenó. Y en esa grieta legal se cuela la política.
En Diputados, la moción crece por un motivo sencillo: la emergencia tiene costo social alto y costo político tóxico. Ningún bloque que aspire a disputar poder está dispuesto a pagar el precio de votar contra personas con discapacidad y sus familias. Mayoría absoluta en la Cámara baja no suena a proeza; suena a acuerdo posible.
En el Senado, la trama es más fina pero no imposible: los números bailan según el clima, y el clima es tormenta. Francos, que suele apagar incendios, aparece esta vez en el centro del fuego.
El oficialismo intentó encuadrar el tema como una discusión técnica de financiamiento. Error no forzado: cuando se trata de derechos sensibles, la técnica llega tarde.
La política manda. Y la política —la real, no la de timeline— entiende que el veto caído dejó un mensaje: hay mayorías dispuestas a limitar la discrecionalidad presidencial. Venimos de rechazos con más de dos tercios en temas igual de filosos. ¿Qué puede salir mal? Pregunta retórica.
La defensa balbucea falta de recursos.
Pero el reglamento constitucional es claro: cumplís la ley y reasignás. El resto es música. La oposición, que aprendió a convivir con sus diferencias, encontró un denominador común: hacer valer al Congreso. No es altruismo; es poder. De paso, corrige un exceso recurrente: gobernar a decreto limpio y después negociar. Esta vez el orden es inverso: primero se cumple la ley, después discutimos el resto.
Hay además un subtexto que no conviene ignorar: la erosión del Jefe de Gabinete afecta la arquitectura de un gobierno que ya recibió cachetazos legislativos y judiciales en serie.
Si la moción prospera, el mensaje trasciende a Francos: la lapicera del Ejecutivo no puede tachar leyes por decreto. Y cada intento de tercerizar costos en el futuro presupuesto choca con la misma pared: mayorías eventuales que, en derechos básicos, se vuelven estables.
La ironía es inevitable: el Gobierno que prometió “terminar con la casta” puede perder a su ministro coordinador por subestimar al Congreso y patear derechos esenciales como si fueran un trámite.
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