La Justicia bonaerense acusó al líder de Generación Zoe de encabezar una asociación ilícita y de más de mil hechos de estafa. También fueron procesados tres colaboradores. Sin preventiva, con embargo récord y un prontuario que ya suma condenas en Goya y Salta
Actualidad29/09/2025
En el conurbano las pirámides no se ven desde el cielo: se arman en aulas alquiladas, oficinas prolijas y vivos de Instagram. Ahí se vendía “educación financiera”, “liderazgo”, “inteligencia espiritual”, y el milagro de multiplicar dólares sin producir nada.
La jueza Alejandra Alliaud, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 1 bonaerense, bajó la persiana: procesó a Leonardo Cositorto por ser jefe de una asociación ilícita y por el concurso material de 1.095 estafas a inversores de la provincia. Junto a él quedaron alcanzados Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Leonardo Javier Prioli. A cada uno se les trabó un embargo por $10.000 millones. No hay prisión preventiva, pero sí un mapa completo de cómo funcionó la maquinaria.
La resolución reconstruye una organización con permanencia entre 2019 y abril de 2022, montada sobre un libreto eficaz: promesas de rentabilidades superiores a las bancarias, cursos de “coaching y liderazgo” como puerta de entrada y una comunidad que te abrazaba mientras te vaciaba la cuenta. Las “ganancias” no provenían de negocios genuinos; venían de los aportes de nuevos inversores. Clásico Ponzi, vestuario premium.
El reparto de roles también quedó perfilado. Batista, vicepresidente y vendedor estrella, hacía lo que en la jerga se llama “calentar la plaza”: prometía rendimientos crecientes, empujaba a reinvertir, ofreció 100% en dólares en tres meses a fines de 2021 y llegó a hablar de 330% a comienzos de 2022, cuando el castillo ya temblaba. Echegaray, contador, oficiaba de boca de cobro: recibía transferencias, administraba y distribuía fondos entre la cúpula y allegados.
Prioli era la bisagra entre el discurso y el ladrillo: Zoe Construcciones S.A. funcionaba como pantalla de compra-venta y desarrollos; lo que la causa describe es ingreso de sumas sin respaldo documental, flujo incompatible con una constructora real y una integración “plena” a la caja paralela.
El fallo también limpia a quienes nunca mandaron: 23 personas que figuraban en la estructura, pero que, a la vez, resultaron damnificadas y no recuperaron su dinero. La jueza las sobreseyó. En el mundo Zoe hubo “líderes”, “embajadores”, “mentores” y también enganchados que volvieron a sus casas con diplomas, remeras y un agujero en el bolsillo.
El prontuario de Cositorto no empieza acá. Ya tiene 12 años de condena en Goya y 11 en Salta por asociación ilícita; su situación en Córdoba espera definición. Buenos Aires completa el rompecabezas con el tramo más incómodo: la capilaridad en territorio denso, donde la promesa de rentas mágicas se mezcló con el hambre de movilidad social. No fue solo “codicia”; fue vulnerabilidad organizada.
La defensa juega sus cartas: Guillermo Tiscornia y Eduardo Jorge Iriarte lo asisten en esta causa; en Córdoba lo hace Guillermo Dragotto, que anunció denuncias por irregularidades. Del otro lado, el expediente fija escenas que cualquiera que haya pisado una charla Zoe reconoce: powertpoints luminosos, frases motivacionales, “la comunidad primero” y un orador carismático marcando la ruta hacia la “libertad financiera”. En ese guion, la fe era el activo, el rebaño, la póliza, y la caja, el único negocio.
El caso deja varias postales jurídicas y sociales. La primera: embargo inédito en pesos y una calificación que no se queda en “engaño individual”, sino que habla de organización. La segunda: el rol del marketing espiritual como cobertura de la estafa. No fue el trader de traje oscuro; fue el coach que te decía que “la abundancia se decreta”.
La tercera: la frontera porosa entre víctimas y engranajes menores. El fallo separa responsabilidades, pero el daño ya está: ahorros de familias, jubilaciones, ventas de autos, préstamos entre parientes, todo convertido en humo con estética de seminario.
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