El Gobierno celebra el 2,5% de inflación, pobreza real récord

La inflación baja en el papel

El número oficial dice 2,5%. Las heladeras dicen otra cosa. El Gobierno celebra una inflación que vuelve a niveles de “normalidad” estadística, pero la realidad del Conurbano revela que el alivio nominal no toca la mesa de nadie. Mientras el IPC avanza, la canasta básica alimentaria trepó 4,1%, la mayor suba desde marzo. Una familia necesitó más de 566 mil pesos para no ser indigente. Y en paralelo, especialistas describen un país donde la pobreza multidimensional ya llega al 67%. Esa cifra, silenciada por todos los gobiernos, desarma de raíz el relato del éxito antiinflacionario.

La inflación que baja en el Excel

El IPC de noviembre cerró en 2,5%, el punto más alto en siete meses. La inflación núcleo marcó 2,6%, acelerando respecto de octubre. Los rubros regulados, con luz y gas subiendo entre 3,6 y 3,8 por ciento, arrastraron el índice. También la carne, que volvió a pegar por encima de la estacionalidad típica de fin de año.

El oficialismo muestra este dato como prueba de disciplina fiscal y de un programa macro que finalmente coordina expectativas. Pero el alivio técnico tiene impacto desigual. Los alimentos, que pesan casi un tercio de la canasta del hogar promedio y mucho más en los sectores pobres, subieron 2,8 por ciento. Esta brecha entre el índice general y el aumento de la comida es el verdadero medidor político del momento. Allí se juega la gobernabilidad en un país con 45 por ciento de informalidad y salarios que no logran seguir la dinámica de las tarifas.

En el plano discursivo, el Gobierno elige el número que brilla en los informes internacionales: una inflación anual que podría cerrar el 2025 en torno al 31 por ciento, la más baja en ocho años. Pero al mismo tiempo, la propia canasta alimentaria destruye el argumento de estabilidad. Con 4,1 por ciento en un solo mes y un costo para evitar la indigencia que ya ronda los 566 mil pesos, el “orden macro” deja expuesta la distancia entre la baja nominal y las condiciones materiales de la mayoría.

El punto ciego del análisis aparece cuando se mira más allá del ingreso monetario. La inflación por sí sola no explica la profundidad del deterioro social. La recesión, la caída del empleo formal y la licuación del poder de compra forman un combo que multiplica la vulnerabilidad. El IPC puede bajar; la vida puede empeorar igual.

El número que el Gobierno no quiere mirar

La cifra oficial marca 31,6% de pobreza. La UCA corregida llega a 36,3 por ciento. Pero cuando se incorpora la medición multidimensional, la que evalúa acceso a derechos esenciales como salud, vivienda, educación y servicios, el número se dispara. Estudios recientes muestran que el 67 por ciento de la población presenta al menos una carencia severa.

No es un dato nuevo en el mundo. México, Brasil y Chile ya adoptaron hace años la medición multidimensional como índice base. Argentina la evita. No por razones técnicas, sino políticas. Reconocer que dos de cada tres personas viven con restricciones estructurales obliga a ampliar programas, reforzar infraestructura social y admitir que la estabilidad de precios no resuelve la pobreza.

La explicación académica es contundente. La medición monetaria del INDEC fue diseñada en 1985, en un país que ya no existe. Tampoco sirve para contextos de inflación alta, porque el ajuste de ingresos queda siempre atrasado respecto de los precios reales. La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, aún más antigua, responde a parámetros de los años sesenta. Los indicadores que Argentina usa para definir su crisis social son fósiles estadísticos.

El investigador Martín Maldonado lo explica con una metáfora brutal. Si un paciente tiene varias patologías graves y además cae, se fractura y llega al hospital con fiebre, informar que la temperatura bajó de 40 a 38 no implica que el cuadro mejore. Los medios pueden titular “el paciente mejora”. Pero sigue politraumatizado y con un cáncer terminal.

Eso pasa hoy con la inflación. Bajar de 2,8 a 2,5 por ciento es una novedad estadística, no una solución social. El Gobierno usa el dato como narrativa de éxito, mientras la pobreza estructural avanza sin que ningún número mensual pueda ocultarlo.

La discusión metodológica no es técnica: es política. Si el país adopta una medición multidimensional, la pobreza podría duplicarse en un boletín oficial. Las demandas sociales, también. Y los gobiernos, cualquiera sea su signo, perderían la capacidad de “administrar” la crisis con números simpáticos para los mercados.

El problema se agrava en el Conurbano. Allí, según estimaciones académicas, la pobreza multidimensional supera el 52 por ciento. Esto significa que más de la mitad de los hogares carece de al menos dos derechos esenciales. No es solo ingreso insuficiente. Es agua, salud, urbanización, infraestructura, seguridad alimentaria. Ninguno de estos déficits mejora porque la inflación baja unas décimas.

En este escenario, la política económica del Gobierno revela su fractura interna. Se ordena la macro, se festejan proyecciones del REM que anticipan una inflación de 2,1 por ciento en diciembre, y se lanza un Presupuesto 2026 que promete una inflación del 10,1 por ciento. Pero la crisis social viaja por otro carril. La moderación de precios es condición necesaria, no suficiente. Para los mercados, Milei muestra disciplina. Para los barrios, la pobreza se vuelve más compleja, más profunda y más difícil de revertir.

El Presidente apuesta su capital político a una narrativa en la que la desaceleración inflacionaria es la llave para todo. Pero un país donde dos tercios de la población arrastran carencias estructurales no se ordena solo con números bajos. La estabilidad nominal es un triunfo para el FMI. La estabilidad social es otra película. Y todavía no está en rodaje.

La inflación de 2,5 por ciento funciona como medalla para el Gobierno, pero la canasta subió 4,1 por ciento y la pobreza real apunta a 67 por ciento. El éxito técnico no absorbe el fracaso humano.

Mientras el poder celebra una baja nominal, la multidimensionalidad revela la verdad: la crisis social no se mide con IPC, sino con derechos ausentes. Y esos números no bajan con un anuncio televisado.