Por Amado Brancatti
La Secretaría de Comercio liderada por Pablo Lavigne dispuso la eliminación de nada menos que 69 resoluciones con el objetivo de eximir a las empresas de brindar información comercial al Estado.
Así lo confirmaron mediante la Resolución 51/2024, publicada en el Boletín Oficial. Según justifican en la Resolución, el gobierno busca avanzar hacia un comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente.
Para la secretaria de Comercio resulta necesario “la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.
Toda una declaración de principios libertaria y un canto a los beneficios de los mercados “libres y espontáneos” que se autorregulan.
Con relación a las normas derogadas, se encuentran aquellas que obligaban a los supermercados a brindar información al Estado sobre la lista de precios y detalles de presencia de productos en las góndolas.
Más preocupante resulta que las entidades bancarias y financieras también se encuentran eximidas de informar a la cartera la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, tanto en lo relativo a pesos como a dólares.
Lo mismo sucederá con las prepagas, que desde ahora quedarán eximidas de detallar el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio. Otro tanto ocurre en educación: se elimina la obligación de escuelas privadas de informar anualmente el valor de la cuota mensual.
Luego del fracaso con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el gobierno ahora apuesta a desregular por área: defensa del consumidor, regímenes de control de precios, de abastecimiento y de requerimientos de información.
Mediante la nueva normativa, es alcanzado por la Resolución el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), el sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos.
También se da baja al Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios.
En sus alegatos, y para justificar su derogación, la nueva norma dice que ambos sistemas “generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior”.
Se derogaron también los regímenes informativos de precios máximos, el programa Precios Cuidados y se elimina toda norma complementaria del programa Precios Justos, finalizado este el 8 de diciembre de 2023.
Asimismo, se activó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, alegando que de esto se deben ocupar las propias provincias, en lo que sería “promover el federalismo real”, según señaló Lavigne.
