El Municipio de San Isidro consultó por la situación legal de la empresa Superfly Cannabis Medicinal que funcionaba en Pirovano, entre Ricardo Gutiérrez y Estrada, una zona residencial de la localidad de Martínez. "El trámite de inscripción al Reprocann se encuentra ‘Pendiente de Evaluación', por lo que no se encuentra habilitada a vincular pacientes en la mencionada plataforma", afirma el comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la Nación.
Desde esa cartera nacional también aclararon que excede "a las competencias del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis las gestiones de registro de los interesados como Asociación Civil vinculada a la Salud".
Ante esta confirmación, el intendente Ramón Lanús apuntó: "Quedó demostrado que esta empresa funcionaba de manera absolutamente clandestina sin la autorización del Ministerio de Salud de la Nación ni habilitación municipal. Vamos a ser implacables con aquellos que no cumplan la ley en San Isidro".
El sábado pasado, personal de diversas áreas del municipio allanó el búnker vip de esta empresa con pantalla de ONG cannábica y decomisó más de mil plantas de marihuana según las autoridades de Superfly ha estado operando bajo el amparo de la ley 27.350, proporcionando tratamiento a pacientes con cáncer, epilepsia, autismo y otras patologías de dolor. Pero, tras la denuncia de una vecina el pasado fin de semana, el municipio actuó para que cesen sus actividades.
“Vinieron el viernes a pedir la clausura y el decomiso de la mercadería”, contó Juan Palomino, abogado de Estudio 420, quien presenció el hecho desde el principio.
Si bien desde el municipio tenían una orden de decomiso, la misma no incluía un allanamiento. “En esos casos se deja una consigna policial hasta que se resuelva la cuestión”, explicó Palomino, dado que era viernes pasadas las 18 horas, es decir, día inhábil. Pero al día siguiente, la municipalidad se volvió a presentar sin policía y con un camión de basura: iban a entrar “por las buenas o por las malas”, le dijeron al abogado y al representante de la ONG.
El contenido habla de una ’empresa’, cuando se trata de una ONG, y de ‘más de mil plantas’ cuando “no se llevaron ni la mitad de eso”, aclaró Palomino. Sumado al hecho, destruyeron absolutamente toda la evidencia, ni siquiera lo cromatografiaron para ver la composición de las plantas que, según el municipio, tenían ‘alto contenido de THC’, lo cual es imposible saber sin un estudio previo.
