El presidente Javier Milei se apresta a vetar de manera total la ley de Financiamiento Educativo que recompone el presupuesto universitario. La Casa Rosada dejó trascender que la censura será firmada esta noche, luego de la marcha que se prevé masiva, y por lo tanto la decisión de respaldar o no el recorte presidencial a la educación superior volverá a quedar en manos del Congreso.
Al veto no le queda mucho más tiempo administrativo para hacerlo. Lo vino estirando desde que sus aliados y la oposición se unieron el mes pasado para sancionar la legislación que le otorga más fondos a las universidades y que obliga al Gobierno a recomponer el salario de los trabajadores de ese sistema.
Como si fuera una provocación, el Presidente esperó hasta el día que coincide con la marcha federal universitaria para demostrar que su voluntad personal está por encima de la demanda social.
Desde que el Poder Legislativo envió la ley sancionada a la Casa de Gobierno, la administración de La Libertad Avanza (LLA) tuvo 10 días hábiles para pronunciarse al respecto a través del Boletín Oficial.
Tuvo tres alternativas: promulgarla, observarla de manera total o parcial, o bien vetarla. Pero el mismo día que se sancionó la ley, el 13 de septiembre, Javier Milei avisó lo que haría con un escueto mensaje a través de sus redes sociales: “Veto total”. Nunca tuvo duda.
Si el veto se firma hoy, mañana saldrá publicado en el Boletín Oficial cumpliendo así con el plazo establecido. En rigor, el plazo para la publicación cierra el viernes. Si ese día la decisión no es publicada, la ley de financiamiento quedaría promulgada de hecho.
Lo que se comunicó de manera informal es que el texto con la decisión del Poder Ejecutivo ya está hecho, que fue revisado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Javier Herrera Bravo, y que solo resta la luz verde del primer mandatario.
Una vez dictada la orden, la decisión del jefe de Estado irá al Congreso donde se decidirá su suerte. Las expectativas del oficialismo es que ocurra lo mismo que con el veto al aumento de las jubilaciones, cuando propios y aliados ratificaron la manda presidencial.
La decisión de mover la bisagra hacia un lado u otro la vuelve a tener el radicalismo, que oficia de boya que señala cuál es la profundidad hasta donde el Gobierno puede llegar.
Hace solo un mes, con el voto a favor del radicalismo, las cámaras aprobaron la ley que recomponía el recorte de 8,1 por ciento de Milei contra los jubilados. Luego el presidente la vetó de manera total y, a pesar de las movilizaciones, represiones y repudios de todo tipo, el oficialismo -con el contradictorio apoyo del radicalismo- apoyó el veto y bloqueó los dos tercios necesarios para hacer caer esa medida. El recorte a jubilados y pensionados quedó validado y Milei celebró el triunfo con un asado en la Quinta de Olivos.
Pero el favor del Congreso no le duró mucho. Solo una semana después, el parlamento le dio un revés al no validar el mega financiamiento al aparato de inteligencia que le otorgaba 100 millones de dólares a la SIDE. Fue el mismo día en que se aprobó la ley de financiamiento al sistema educativo superior.
Pero esta vez, el Gobierno la tiene más complicada. Si bien el radicalismo votó a favor de la Ley de Financiamiento, no está claro que en su mayoría vuelva sobre sus propios pasos tal como lo hizo con la movilidad jubilatoria.
A pesar de los ingentes esfuerzos, ofertas, cambio de favores y aprietes que se negociaron, hasta ahora el gobierno de Javier Milei no recogió las garantías suficientes para confiar en un respaldo al veto.
