En los grupos vecinales, la inseguridad no se discute y las críticas están prohibidas. Si alguien se queja, es silenciado o atacado. Mientras tanto, trolls en redes desvían el debate culpando a Milei. ¿Cuánto dinero del municipio se destina a este aparato digital?
Política 10/03/2025
Un claro ejemplo es el grupo de WhatsApp "Vecinos de Villa Club", donde los residentes comparten información sobre el barrio. A simple vista, parece un espacio abierto de discusión, pero cada tanto, administradores o participantes introducen contenido propagandístico tomado de las redes oficiales del municipio. Si algún vecino cuestiona estos mensajes, se le amonesta bajo la consigna de que “no se habla de política”, aunque esta regla solo parece aplicarse cuando las opiniones son críticas con la gestión local.
El problema se vuelve aún más grave cuando se trata de denuncias por inseguridad. Vecinos que alertan sobre hechos delictivos especialmente graves suelen ser silenciados, ya que estos reclamos contradicen el relato oficial de una administración eficiente. En algunos casos, quienes insisten en denunciar son advertidos o directamente eliminados del grupo.
Pero la censura no se limita a WhatsApp. En redes sociales, el oficialismo recurre a trolls para desviar cualquier discusión incómoda. Si alguien menciona problemas de inseguridad o mala gestión municipal, estos perfiles rápidamente trasladan la responsabilidad al gobierno nacional: “Milei no le pasa plata al municipio”, insisten. Así, toda queja concreta sobre el distrito se convierte en un debate sobre política nacional, evitando que se cuestione la gestión local.
Estas tácticas buscan modelar la opinión pública y desincentivar la participación de quienes podrían expresar críticas. La combinación de censura en grupos vecinales y ataques en redes genera un clima de autocensura, donde muchos prefieren callar antes que ser señalados como “opositores” o enfrentar represalias.
Si bien las redes sociales y los grupos comunitarios pueden ser herramientas valiosas para la participación ciudadana, su uso como mecanismo de control político representa una amenaza a la libertad de expresión.
En Hurlingham, esta estrategia ha llevado a comparaciones con regímenes autoritarios como el de Corea del Norte, donde solo el discurso oficial tiene cabida.
La pregunta que muchos vecinos se hacen es: ¿cuántos recursos municipales se dedican a este tipo de estrategias?
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