El conurbano arde, y no es por una tormenta de verano. Es por una trama que mezcla política, uniforme, carpetazos y ambiciones de poder. Axel Kicillof echó a 24 policías bonaerenses por conspirar desde adentro con Maximiliano Bondarenko, un excomisario que ahora juega para La Libertad Avanza y que ya fue anotado como candidato en la Tercera Sección Electoral. Lo que parecía una purga menor se convirtió en una bomba: documentos filtrados desde computadoras del Ministerio de Seguridad, chats organizando acciones contra el gobierno provincial y vínculos con diputados opositores. En otras palabras: un intento de golpe blando desde la trinchera del Estado.
La denuncia fue anónima, pero la carga probatoria era quirúrgica. Correos electrónicos, audios, capturas de pantalla, listados de participantes: el rompecabezas estaba casi armado. En pocas horas, Asuntos Internos allanó, secuestró evidencia y detectó que buena parte de lo que se afirmaba era cierto. No era un asado de camaradería como sugirió Patricia Bullrich, sino una operación de pinzas contra el gobierno bonaerense. Una red paralela, montada desde adentro.
“No pueden pagar justos por pecadores”, dicen en Seguridad, mientras algunos implicados ya empezaron a hablar. El expediente recayó en la fiscalía de Álvaro Garganta, luego de que Juan Cruz Condomí Alcorta tomara licencia. La acusación es grave: agentes públicos organizando maniobras para erosionar la conducción política, elaborando documentos para ser presentados por legisladores libertarios. Con el sello de la Bonaerense y la firma invisible de Bondarenko.
Lo que viene será clave. Kicillof se juega algo más que el control de su policía: se juega el aura de liderazgo territorial que lo convirtió en el único peronista con armado competitivo propio en la provincia. Si deja pasar una conspiración institucional sin consecuencias, su autoridad quedará herida. Pero si la avanza con firmeza, se consolida como el garante del orden frente a un anarcocapitalismo que ya no disimula su gusto por lo clandestino.
Mientras tanto, en los pasillos de la gobernación, algunos murmuran que la maniobra fue tan burda como intencional. Y que lo que está en juego no es solo un puesto en la lista, sino el mapa de lealtades dentro de una policía que ya mostró otras veces su apetito por jugar en la política. El antecedente del motín policial de 2020 sigue fresco, y nadie olvida que detrás de los patrulleros estacionados frente a la residencia de Olivos había nombres y apellidos.
Kicillof aprendió la lección. No se puede gobernar sin policía, pero tampoco con una policía que juega a dos puntas. Por eso no dudó en avanzar. Y lo hizo con un mensaje claro, aunque sin estridencias: en esta Provincia, quien conspira se va. Y quien se queda, que elija bien a quién responde.
En un país donde las líneas entre Estado y facción se desdibujan cada vez más, Kicillof eligió pararse donde pocos se animan: frente a su propia policía, con la ley en la mano y la política como campo de batalla. En tiempos de Milei y Bullrich, donde todo parece ser ruido de redes y fuego de artificio, el gobernador bonaerense mostró que la verdadera autoridad se mide no en gritos, sino en decisiones. Y esta fue una de esas que pesan. Porque si los golpes ya no son de Estado, pero sí blandos, alguien tiene que endurecerse para frenarlos.
