El INTI sigue adelante: ¿Le sirve el cierre al Presidente?

Pelearse contra la ciencia es carísimo

Desde que Javier Milei asumió el gobierno con la motosierra al hombro, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) estaba en la lista negra. No por ineficiencia, ni por corrupción, ni por gasto excesivo, sino simplemente por existir. El problema es que, al contrario de los organismos que Milei logró vaciar sin resistencia, el INTI no se rinde fácil: tiene historia, tiene estructura federal, tiene sentido estratégico y ahora también tiene respaldo judicial.

El fallo de la jueza Martina Forns que frena por seis meses cualquier intento de cierre, reconfiguración, traslado o achique en el INTI es más que una victoria gremial. Es un llamado de atención a un gobierno que en nombre de la libertad busca aniquilar todo lo que huela a Estado con vocación productiva. Porque el INTI no es un kiosquito burocrático: es el centro de referencia en metrología, calidad e innovación industrial que garantiza que una pyme de La Rioja pueda exportar, que un laboratorio de Misiones mida con precisión, que una cadena de valor en Santa Fe pueda certificar procesos con estándares internacionales.

Fundado en 1957, en pleno auge del desarrollismo, el INTI fue una de las joyas del modelo de sustitución de importaciones. Y a pesar de los vaivenes políticos, mantuvo un prestigio técnico que ninguna consultora con PowerPoint pudo reemplazar. Intentar desmantelarlo por decreto es como querer achicar el país a fuerza de tijera: una torpeza que cuesta más de lo que ahorra.

El gobierno libertario se excusó diciendo que el INTI estaba “sobredimensionado”, con funciones superpuestas y bajo rendimiento. Pero en vez de gestionar, articular o mejorar, optó por la solución más burda: cerrarlo. El problema es que tocar el INTI no es como tocar un comité cultural: es meterse con las bases de la industria real, esa que aún respira fuera del Excel. Y el revés judicial deja al Gobierno otra vez desnudo frente a su propia improvisación.

Rodolfo Aguiar, desde ATE, no tardó en festejar el fallo como un triunfo político, pero la escena excede lo gremial. Esto no se trata sólo de puestos de trabajo: se trata de soberanía tecnológica, de tejido industrial, de que un país tenga la mínima capacidad de certificar, investigar y producir con calidad propia. Por eso cerrar el INTI le sale más caro al Estado que sostenerlo.

Detrás de cada laboratorio hay decenas de pequeñas empresas que dependen de sus servicios para ser competitivas. No es un gasto: es una inversión que incluso genera recursos a través de aranceles y patentes. Pero eso Milei no lo ve, porque su única métrica es cuánto se achica el Estado, aunque con ello se encoja también la Nación.

El fallo de la Justicia le marca al Gobierno un límite, pero también una oportunidad: repensar si esta cruzada contra todo lo público no termina siendo una bomba autoinfligida. Porque al final del día, lo que sostiene a un país no son los memes de TikTok, ni los gritos en cadena nacional, sino las instituciones que saben hacer bien su trabajo aunque nadie las vea. El INTI es una de ellas.

En tiempos donde sobran influencers del caos y faltan políticas de desarrollo, el INTI sigue ahí, con sus técnicos, sus laboratorios, su trabajo silencioso y vital. Quisieron borrarlo con un decreto y terminaron chocando con su historia. Porque hay organismos que no se inventan en campaña: se construyen con décadas de inteligencia aplicada.