Francos bajo fuego por no aplicar la ley de Discapacidad

El Congreso avanza para interpelarlo y podría destituirlo

La Cámara de Diputados avanzó con un dictamen de mayoría para interpelar a Guillermo Francos. El motivo: el Gobierno decidió no aplicar la ley de Discapacidad argumentando que el Congreso no definió cómo financiarla.
La decisión —presentada como “razonable” desde la Casa Rosada— se convirtió en un bumerán político: el Congreso entendió que fue una omisión inconstitucional y un desafío al principio de legalidad.

Francos, que hasta hace poco era el rostro amable del oficialismo, quedó en el centro de una tormenta que mezcla política, institucionalidad y sensibilidad social.
El funcionario deberá dar explicaciones públicas por una decisión que afecta a miles de personas con discapacidad y expone la fragilidad del esquema libertario: mucha motosierra, poca gestión.

Del consenso al desgaste

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento terminó con un dictamen de 29 firmas para citar al jefe de Gabinete al recinto. La mayoría fue empujada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte del radicalismo dialoguista. El oficialismo apenas consiguió sostener un dictamen de minoría junto al PRO.

Francos intentó calmar las aguas aduciendo que “no hay presupuesto asignado”, pero ese argumento se convirtió en dinamita. El Congreso le recordó que la ley ya fue sancionada y promulgada: no se trata de voluntad política, sino de cumplimiento obligatorio. En términos institucionales, el jefe de Gabinete reconoció en un decreto que el Ejecutivo no aplicará una ley vigente.
En el tablero político, eso equivale a reconocer un delito de incumplimiento de deberes.

Una grieta que no es ideológica, es funcional

No se trata de izquierda o derecha, sino de poder y de límites.
En el Congreso saben que el libertarismo gobierna con reflejo de CEO, pero la política tiene sus propios manuales. Francos, que venía de cosechar respeto incluso entre sus adversarios, ahora aparece como el fusible más expuesto de un gobierno que se quedó sin fusibles. Daniel Arroyo, con tono sereno, lo dijo en voz alta: “Estamos ante un hecho inconstitucional, brutal contra las personas con discapacidad y sus familias.” Esa frase sintetiza el espíritu del dictamen: no hay  épica, hay hartazgo. El oficialismo rompió el contrato básico del poder: cumplir las leyes que juró respetar.

El costo político de la motosierra 

Lo que el Gobierno vendió como eficiencia terminó pareciendo negligencia.
La “emergencia en discapacidad” se transformó en un conflicto que atraviesa oficialismo, oposición y opinión pública.
El ala política de Milei entiende que una interpelación en el recinto, a días de las elecciones, es dinamita pura. Si Francos tropieza en esa sesión, la oposición podría avanzar con un pedido de censura y hasta con un juicio político.
Nadie quiere decirlo abiertamente, pero en los pasillos del Congreso ya se habla de “caso testigo”: un primer ensayo para medir hasta dónde llega el poder de control sobre un gabinete sin coalición ni defensa legislativa.

Guillermo Francos entró al gobierno como el hombre del diálogo, el pragmático capaz de tender puentes entre el caos libertario y la política real. Hoy, esos mismos puentes crujen bajo el peso del desorden institucional. Negarse a cumplir una ley no es una diferencia de criterio: es una declaración de guerra al sistema político que sostiene al propio Estado.

Si el Congreso decide interpelarlo en pleno, no será solo un acto de control: será una señal. La política huele la sangre antes que nadie. Y esta vez, el fusible parece tener nombre y apellido.