Provincias Unidas ya negocia gobernabilidad con Milei

El acuerdo que ya existe

La política argentina tiene una regla no escrita: cuando todos dicen que no hay pacto, es porque el pacto ya se firmó. En este caso, el acuerdo entre Provincias Unidas y el Gobierno nacional empezó a caminar en silencio mucho antes del domingo electoral.

El oficialismo, sin números propios y con el Congreso al borde de la parálisis, necesitaba oxígeno. Los gobernadores del bloque que integran Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Corrientes necesitaban recursos, obra pública y una porción de poder real en el nuevo reparto. Y como siempre, la rosca encontró su equilibrio: gobernabilidad a cambio de beneficios.

El pacto de la necesidad

Las conversaciones comenzaron en el Congreso y siguieron en despachos de segunda línea, lejos de los flashes. “Ahora no hay margen para cagarlos”, fue la frase textual que, según testigos, usó un emisario de la Casa Rosada cuando se discutió cómo evitar un frente rebelde. 

La idea no vino de Milei, sino de su estratega más pragmático, Santiago Caputo, que entendió algo básico: el Presidente puede pelear con todos, pero no puede gobernar solo.

Provincias Unidas, el armado que creció de la periferia hacia el centro, funciona como una liga de gobernadores con hambre de poder nacional. Pullaro (Santa Fe) y Llaryora (Córdoba) son las dos caras visibles de un espacio que, detrás del discurso federalista, negocia con frialdad quirúrgica.

El acuerdo implica apoyo para sostener los vetos de Milei, blindar los DNU y acompañar, al menos en general, las reformas tributaria, previsional y laboral que el oficialismo quiere reimpulsar después de las elecciones.

A cambio, los mandatarios provinciales recibirían compensaciones económicas, obras reactivadas y participación en los procesos de privatización que se vienen —energía, infraestructura y medios estatales en el radar. En política, la palabra “gobernabilidad” siempre significa dinero, poder o impunidad. A veces, todo junto.

Pullaro, la queja del aliado

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y figura central del bloque, no se molesta por la desindustrialización, el corte al Garrahan ni la pobreza creciente. Se irrita por algo más ideológico: que Milei no haya consolidado el gorilismo. En su entorno lo admiten: “El problema no es el ajuste, es que lo está haciendo mal.”

Pullaro acusa a la Casa Rosada de regalarle terreno al peronismo por torpeza. “Los errores del Gobierno están resucitando a los muertos”, deslizó en una charla con periodistas, en referencia al renacer del PJ santafesino.

Para un gobernador que se define anti-K hasta en el ADN, ver cómo el mileísmo empuja al peronismo de nuevo al centro del ring es una ofensa política. Lo suyo no es moral, es estratégico: Milei está fracasando en construir el enemigo correcto.

Mientras tanto, en la práctica, Santa Fe ya opera como interlocutora del Gobierno nacional. Pullaro negocia obras para Rosario, financiamiento para seguridad y posiciones clave en organismos descentralizados. Su vice, Gisela Scaglia, se encarga de mantener el relato de “modelo productivo del interior” mientras la política se escribe en otra mesa: la de los acuerdos cruzados con Balcarce 50.

Córdoba, el quiebre y la heredera incómoda

En Córdoba, el apellido De la Sota sigue moviendo votos y nostalgias. Por eso el gobierno provincial quiso retener a Natalia De la Sota dentro del peronismo cordobés. 

Pero la diputada rompió filas y se plantó como una voz crítica frente al pacto que —según ella— subordina a las provincias al proyecto libertario.

“Le dan gobernabilidad a un presidente que no quiere gobernar, sino destruir”, lanzó, con el tono heredado de su padre, pero sin la prudencia que solía tener el exgobernador.

Natalia denunció que detrás del discurso federalista hay un acuerdo funcional a Milei y Macri, con el aval del lobby empresario y de los enviados de Estados Unidos. En su lectura, Provincias Unidas no construye independencia sino una nueva dependencia, más sofisticada y más rentable.

La diputada, que ahora impulsa el espacio Defendamos Córdoba, acusa al gobernador Llaryora de haber entregado el voto cordobés a cambio de fondos y de haber dejado que el peronismo se diluya en la alianza con Milei. En sus palabras, “uno le da gobernabilidad a un presidente que quiere gobernar, no a uno que quiere destruir”.

El mensaje, claro, apunta a un electorado que aún asocia la marca De la Sota con justicia social y orgullo provincial. Pero también sirve para marcar su propio territorio: Córdoba puede volver a ser la bisagra del poder nacional, si el resto del país vuelve a polarizarse entre extremos.

El tablero real: poder por cuotas

El pacto de Provincias Unidas con el Gobierno no es una novedad para los que leen entre líneas. Milei no tiene estructura política ni territorio, y los gobernadores necesitan un Presidente que no los ahogue. Es un matrimonio por conveniencia.

Los libertarios se comprometen a no recortar más transferencias, a incluir obras estratégicas en el Presupuesto 2026 y a garantizar que las privatizaciones —cuando lleguen— tengan accionariado provincial. A cambio, los gobernadores darán los votos necesarios para sostener el quórum, frenar proyectos opositores y dar una imagen de estabilidad hacia el exterior.

Desde Washington lo observan con atención. Barry Bennett, operador del ala trumpista, impulsó el acercamiento porque entiende que la Argentina necesita un bloque territorial que contenga a Milei y al mismo tiempo garantice la continuidad del modelo. Traducido: el experimento libertario no puede estallar sin plan B. Provincias Unidas es ese plan.

El poder argentino no se construye con épica, sino con recursos. Las provincias que integran este frente —ricas en soja, gas, litio o puertos— saben que el futuro se mide en transferencias y contratos. Milei lo sabe también, aunque lo niegue.

Por eso, mientras el Presidente promete motosierra y pureza ideológica, su operador más hábil, Caputo, firma acuerdos de gobernabilidad que huelen a realpolitik de la vieja escuela.

El mapa después de las elecciones no será de ganadores y perdedores, sino de quién logró cobrar algo por acompañar. En ese escenario, Provincias Unidas ya ganó: tendrá obras, fondos y un rol clave en el Congreso. El resto, incluida la supuesta pureza libertaria, es relato para redes sociales.

Porque, en la Argentina, la motosierra corta rápido, pero la rosca siempre termina soldando. Y esta vez, lo hizo con precisión quirúrgica.

Milei grita revolución, los gobernadores firman estabilidad, y todos sonríen. En el fondo, es el mismo país de siempre: uno donde la gobernabilidad se paga en cuotas y la ideología se cobra en obra pública.