
Es la segunda vez que el Ministerio de Economía utiliza esta estrategia, ya que el mes pasado había abierto la emisión por 1.000 millones de dólares.
La Sala 2 del máximo tribunal penal de la Provincia, con sede en La Plata, resolverá las apelaciones a la sentencia. Los condenados siguen detenidos en una alcaidía de Melchor Romero, separados de los otros internos. Los padres de Fernando lo recordarán hoy en una oración interreligiosa.
Actualidad18/01/2024Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa -el estudiante de Derecho ejecutado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020- y desde la sede judicial de calle 43, entre 12 y 13 de La Plata, se aguarda la resolución definitiva de la Sala 2 de la Casación bonaerense de las apelaciones contra el fallo que condenó a los acusados. Todos ellos se encuentran alojados en una alcaidía de Melchor Romero, aislados del resto de los internos.
Los jueces de la Sala 2 de la Casación, Florencia Budiño, Fernando Mancini y Mario Kohan, deberán resolver si confirma o modifica la sentencia de primera instancia después de analizar las presentaciones de la defensa, del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima.
Días atrás los padres de Fernando tuvieron una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras el encuentro, la funcionaria afirmó: “Silvino y Graciela han recibido rumores de que los condenados podrían quedar todos libres. Tienen una sensación de que podría haber impunidad. Es un caso que tuvo una condena concreta, fuerte y ejemplar. Estoy convencida de que la Justicia va a seguir ese camino”.
Por su parte, el abogado Fernando Burlando, quien los asiste en la causa confirmó, alarmado, haber escuchado la versión de que la Casación estaba analizando la “corta” edad de los condenados para una eventual reducción de pena.
Los padres de la víctima convocaron para hoy a las 20 horas a una oración interreligiosa, en memoria de su hijo, “por la Paz, la Justicia y la No Violencia” en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En el juicio oral, Máximo Thomsen, de 24 años; Luciano Pertossi, de 22; Ciro Pertossi, de 23; Enzo Comelli, de 23, y Matías Benicelli, de 24, fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves.
En tanto, Ayrton Viollaz, de 24 años; Lucas Pertossi, de 24, y Blas Cinalli, de 22, fueron condenados a 15 años de prisión. El tribunal de primera instancia los consideró “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.
Las lesiones leves tuvieron que ver con las agresiones propinadas a los amigos de Fernando. Tras el veredicto dado a conocer el 6 de febrero de 2023, los ocho condenados fueron alojados en la Alcaidía Roberto Pettinato de Melchor Romero, en cuatro celdas de a dos, con una rutina de 21 horas diarias de encierro y tres de patio.
La defensa recurrió ese fallo ante la Casación procurando atenuar la calificación a “homicidio en riña o agresión tumultuosa”, que posee una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
Perpetua para todos
Los padres de Fernando Báez Sosa también apelaron las condenas, a través de sus letrados Burlando y Fabián Améndola. Exigieron que todos los sentenciados reciban la misma pena de prisión perpetua.
Para esa parte, el Tribunal de primera instancia no aclaró cómo determinó en el fallo que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando y no, como ellos interpretan, causarle la muerte.
La sentencia también fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes requirieron la prisión perpetua para los tres acusados que recibieron la pena de 15 años de cárcel.
De allí que todas las partes aguardan con enorme expectativa el dictamen de la Sala 2 de la Casación. A fin de diciembre venció el primero de los plazos establecidos por la ley para que los jueces Budiño, Mancini y Kohan se expidan. El Código procesal establece que el plazo puede extenderse por otros seis meses y así lo dispusieron.
Es la segunda vez que el Ministerio de Economía utiliza esta estrategia, ya que el mes pasado había abierto la emisión por 1.000 millones de dólares.
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