Dirigentes de la central empresaria aseguraron que podría haber más de 200 mil despidos en el sector debido al proceso inflacionario, la devaluación y la destrucción de la cadena de pagos. Además, la paralización de la obra pública intensifica la crisis de esa rama productiva.
Actualidad02/02/2024
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) se declaró en estado de emergencia ante el riesgo de "despidos masivos" y "la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras", en una situación en la que el sector "no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones".
La declaración se dio a conocer luego de la reunión extraordinaria del Consejo Federal de la entidad, convocado por la paralización de muchas obras públicas en el país, por lo que reclamó a las autoridades nacionales y provinciales "una solución en brevísimo plazo".
Al identificar el origen de la crisis, Camarco -en un comunicado- señaló "el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos".
Los consejeros que participaron del encuentro "plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal" y en la declaración señalaron que, "de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general", indicó la cámara.
"No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses", planteó la cámara, que alertó que "este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica".
La entidad identificó al origen de la crisis en "el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos".
"En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente", aseguró, para advertir que "el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones".
Los consejeros de todo el país instruyeron a las autoridades de Camarco a "adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda".
Del mismo modo instaron a las autoridades nacionales y provinciales a "instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector".
"Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos", concluyeron.
La situación de las PYMES constructoras
“Resulta imposible prescindir de la obra pública ”, sostuvo Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) en una entrevista con la periodista Liliana Franco de Ámbito Financiero en el que se refirió a la situación del sector y a las propuestas de la entidad.
Con relación a las privatizaciones, señaló que “una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien”.
La CCP nuclea a más de 900 empresas constructoras pymes nacionales, principalmente de obras de arquitectura públicas y privadas.
Asimismo, Fernández aseguró que el sector Pymes de la construcción emplea de forma directa, según ERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), a 480.000 trabajadores en promedio. En esa línea, indicó que las Pymes constructoras son productoras de viviendas, escuelas, hospitales, complejos comerciales, redes, urbanizaciones, plazas, infraestructura, saneamiento, hidráulica, gasoductos, aeropuertos, etc.
“Según el último informe correspondiente al mes de noviembre 2023, asciende a 439.035, de los cuales se estima que un 70% o sea, que unos 300.000 corresponden a empresas Pymes. Asimismo, según estimadores históricos, el derrame en sectores de comercio e industria, se calcula entre cuatro a cinco veces el trabajo directo, por tanto, se estaría hablando de 1.500.000 trabajadores, en forma indirecta”, agregó.
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