Organizaciones de personas con discapacidad protestaron en la Quinta de Olivos

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad -junto a sus organizaciones miembros- y Centros de Rehabilitación, Centros de Día, Escuelas, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa, Centros Terapéuticos Educativos, Hogares, Residencias, Terapias de Apoyo, Transportistas, familias, amigos y personas con discapacidad, concentraron frente a la Residencia Presidencial  (Av. Maipú 2100 e/ Villate y Malaver) con motivo de visibilizar la emergencia en discapacidad.

Más de 300 transportistas y 160 instituciones se hicieron presentes para alzar su voz. Y, como era de esperarse, personas con discapacidad, familiares y amigos se sumaron en apoyo a las y los prestadores. 

Además de la concentración, el Coordinador del FORO, Pablo Molero, acompañado por algunos representantes de las organizaciones miembros, ingresaron a la residencia para hacer entrega de un petitorio dirigido al Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, con todos los puntos que son necesarios resolver para, efectivamente, garantizar los servicios y las prestaciones a las personas con discapacidad.

El último aumento otorgado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, fue del 32% para enero y febrero, muy por debajo del 45% de inflación prevista para este mismo bimestre. A este aumento insuficiente se añade la demora en los cobros de 90 o 120 días, por lo que esa suma se percibirá recién mayo o junio.

La situación crítica del sector no es de ahora, la brecha de los aranceles con la inflación anual de 2023 es superior a los 100 puntos, ya que esta fue del 220% y los aumentos arancelarios fueron del 120%.

Desde el primero de enero de 2024, los trabajadores del transporte de personas con discapacidad cesaron el servicio por los exponenciales aumentos en el precio del combustible. Para el resto de los prestadores la situación también es compleja porque deben afrontar bonos y aumentos salariales fijados por los sindicatos, más la inflación sostenida en el precio de alimentos como así también de insumos y servicios básicos. Para sostener los servicios a personas con discapacidad, las instituciones deben contar con previsibilidad.

El Gobierno dice que nada cambió pero los recortes están

La viralización de una resolución del 2 de febrero del ministerio de Capital Humano generó un revuelo. El artículo 1 indicaba que debían suspenderse “la disposición de la Dirección de asistencia directa por situaciones especiales hasta tanto no se revisen los circuitos administrativos que garanticen transparencia, igualdad y legalidad”.

La lectura rápida fue que el Gobierno cortaba con la asistencia para pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas. Sin embargo, tras las consultas de este medio, el ministerio intentó llevar tranquilidad.

“Así como funcionaba antes en el ministerio de Desarrollo Social, ahora pasa a depender del ministerio de Salud”, dijeron desde Capital Humano. Y completaron: “Todo sigue igual: la gente que tiene que ir a buscar su medicamento puede hacerlo. Sólo cambia el proceso administrativo”.

Lo que se modifica, según la explicación, es el proceso de selección de proveedores: “Antes era muy poco transparente”, dicen. Y completan: “Lo que se va a hacer ahora es llamar a concurso, como se hace en el Estado, no uno cualquiera que tiene la medicación, dice ‘yo te proveo’ y listo”.