La Multisectorial Trabajo y Producción rechazó las políticas del Gobierno

La Multisectorial Avellaneda, Trabajo y Producción, que integran la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), cooperativistas, pequeñas y medianas empresas y otros espacios aseguró que “las decisiones políticas del Gobierno destruyen el trabajo y la producción nacional”, por lo que un nuevo encuentro del espacio reclamó “la reconstrucción del sistema de precios para el desarrollo industrial, fuente principal de generación de empleo, y el desacople de los precios locales de los productos de exportación de los internacionales”, informaron los dirigentes del sector. 

El espacio exigió tarifas de gas, energía eléctrica y otros servicios públicos sobre la única base de sus costos reales de producción y distribución y no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales definidos por los conglomerados mundiales, como hoy se impone, y demandó tarifas sociales porque el acceso al suministro es un derecho humano.

“Hay que establecer tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales. La regulación estatal del precio de la energía es imprescindible porque representa un precio estratégico determinante para la producción de bienes y servicios, que impulsan la inflación. Y garantizar un programa de precios que garantice la alimentación y consumos básicos de la población e insumos para los sectores productivos “, señaló la Multisectorial en un documento.

También reclamó el seguimiento estatal y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de bienes y servicios, que en el ámbito provincial y nacional debe tener difusión pública trimestral accesible a los consumidores, y su actualización de acuerdo con el valor de la Canasta Básica Total del salario mínimo, vital y móvil, a la vez que exigió “una coherente recuperación del poder adquisitivo de los salarios de convenios, jubilaciones y el salario social complementario”.

La Multisectorial demandó una reforma tributaria integral y la simplificación de las contribuciones para que paguen más quienes más ganan (grandes corporaciones y evasores), para no afectar los ingresos alimentarios de los trabajadores con el impuesto al salario, para aliviar a la pequeña y mediana empresa que garantiza empleo, para incluir y no condenar a la exclusión a la economía popular, sosteniendo el monotributo social que se procura eliminar, lo que provocaría un impuestazo al trabajo del 800% y la negación del acceso a una jubilación y a la obra social, añadió el documento. 

Del mismo modo, exigió esas medidas para garantizar jubilaciones, educación y asistencia a la salud digna, una Ley de Coparticipación Federal que se corresponda con el aporte productivo, la población e índices de necesidades básicas insatisfechas de las provincias, el impulso al ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo y orientado a asistir a los sectores productivos y a las familias y con una banca pública consolidada, la reforma del régimen de inversiones extranjeras, la organización, división y distribución del trabajo, derechos laborales y que el Congreso se haga cargo -como obliga la Constitución- del arreglo de la deuda interna y externa, pues el Gobierno quiere solo aumentarlas.

“El Gobierno solo procura aumentarlas para vender a la Argentina y favorecer a la usura. Para lograr esos objetivos hay que acrecentar la movilización de los sectores sociales, promover una ‘Marcha Provincial’ en defensa de la vida, el trabajo y la producción bonaerense, considerar una similar movilización multisectorial federal a partir del fortalecimiento de la unidad manifestada el 27 de diciembre, el 24 de enero, el 8 de marzo, el 23 de abril, el 1° de mayo y el 9 de ese mes”.

También se pronunció por constituir Multisectoriales en la totalidad de los municipios bonaerenses; rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU ) 70/23 y la Ley Bases y reclamó una campaña para retrotraer y esclarecer “la estafa que implica el aumento de las tarifas de gas y energía eléctrica, que hace inviable la mayor parte de las actividades y castiga a las familias argentinas”, concluyó.