El juez de las valijas libertarias en el banquillo

En la Argentina, las causas judiciales que rozan al poder político tienen una constante: nunca se tramitan en un territorio neutral. La investigación por las valijas libertarias que ingresaron al país en un vuelo privado sin control aduanero, tiene en el centro a un juez cuya figura genera, cuanto menos, incomodidad. Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 2, no es un desconocido para el entramado del poder. Y aunque su perfil siempre fue más bien técnico y discreto, su nombre quedó marcado en 2022 cuando protagonizó uno de los episodios más oscuros del vínculo entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los intereses empresariales: el escándalo de Lago Escondido.

El caso que hoy lo tiene como juez instructor no es menor. Se trata del arribo de un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, con vínculos con el gobierno libertario, en el que ingresaron diez valijas sin ser revisadas por la Aduana. La causa investiga una posible maniobra de lavado de dinero, evasiones y contrabando, y ha puesto la lupa sobre un circuito opaco de financiamiento no declarado.

Pero la pregunta que circula en los pasillos de Comodoro Py no es solo qué traían esas valijas, sino si Yadarola es el juez indicado para investigarlo. Su participación en el ya conocido "viaje a la estancia de Joe Lewis" lo expone a sospechas que van más allá de lo judicial. En aquella comitiva figuraban jueces, funcionarios del PRO, exmiembros de la exSIDE y directivos del Grupo Clarín. El viaje fue cubierto por un halo de secretismo, hasta que la filtración de chats evidenció un intento de encubrimiento. Aunque la causa fue cerrada y todos los implicados sobreseídos, el daño simbólico quedó hecho.

Yadarola insistió entonces en que no hubo delito, y denunció espionaje ilegal. Pero en la opinión pública y en sectores del sistema judicial, su imparcialidad quedó cuestionada. Hoy, al tener en sus manos una causa que puede comprometer directamente al corazón del gobierno de Javier Milei, esa herida no está cerrada. La pregunta no es solo jurídica, sino profundamente política: ¿puede un juez que compartió un fin de semana con los protagonistas del poder mediático y político investigar con autonomía a quienes orbitan ese mismo espacio?

La trayectoria de Yadarola incluye causas resonantes. Fue quien en 2007 intervino en el caso Antonini Wilson, y en 2019 ordenó incautar una Ferrari vinculada al lavado de dinero narco. Se formó en Comodoro Py, bajo la tutela de Sergio Torres, y ha trabajado en cooperación con organismos estadounidenses. Es decir, tiene pergaminos técnicos. Pero en la justicia argentina, la hoja de vida pesa menos que la trama de relaciones.

La causa de las valijas libertarias podría convertirse en uno de los expedientes más sensibles del segundo semestre. El gobierno está urgido por resolver cuestionamientos sobre financiamiento, y sectores internos del oficialismo miran con recelo los nexos empresariales de ciertos aliados. En ese escenario, el rol del juez no es menor: su accionar puede encender o apagar la mecha de una crisis institucional.

Nadie desconoce en los pasillos judiciales que Yadarola es metódico y reservado. Pero también se comenta que su cercanía con ciertos actores del poder mediático le ha generado enemigos y desconfiados. La justicia penal económica está llamada a ser protagonista en tiempos de fuga, opacidad y lavado. Y por eso, las causas que investiga y los jueces que las llevan necesitan más que nunca una reputación blindada.

No hay acusación concreta contra Yadarola en esta causa. Pero hay algo que la realpolitik enseña con claridad: no alcanza con ser. Hay que parecer. Y hoy, la figura del juez carga con una sombra que podría opacar toda la investigación.

Cerrar esta nota es dejar una pregunta abierta: ¿puede la justicia investigar al poder si se sienta en su misma mesa? La credibilidad no se construye solo con sentencias, sino con distancia. Porque en un país donde cada valija tiene historia, lo que está en juego no es solo la legalidad de un equipaje, sino la legitimidad de quienes deben controlarlo.