El ex presidente fue procesado por favorecer negocios de un broker vinculado a su entorno. La Justicia lo acusa de montar un esquema incompatible con la función pública.
Actualidad11/07/2025
El círculo judicial vuelve a cerrarse sobre una figura presidencial. Esta vez, es Alberto Fernández quien queda formalmente procesado por “negociaciones incompatibles con la función pública”, en el marco de la causa conocida como Nación Seguros. El juez federal Sebastián Casanello dictó la medida este jueves, tras analizar un extenso entramado de vínculos que, según la investigación, favorecieron negocios privados a costa del Estado. El procesamiento incluye un embargo multimillonario: 14.000 millones de pesos sobre los bienes del ex mandatario.
El fallo judicial es claro: Fernández utilizó su rol como jefe de Estado para empujar un decreto —el 823/2021— que obligó a todos los organismos públicos a contratar seguros únicamente a través de Nación Seguros. Este mecanismo, lejos de representar una centralización beneficiosa, habría sido la vía por la cual el broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal del ex presidente y pareja de su entonces secretaria privada, María Cantero, logró expandir sus negocios de manera extraordinaria. Según los informes periciales, las comisiones pagadas a Martínez Sosa durante esa etapa superaron los 2.200 millones de pesos, representando casi el 60% del total de comisiones que pagó la aseguradora estatal.
La investigación no es nueva, pero en las últimas semanas cobró impulso tras un informe determinante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que habría confirmado la estrecha vinculación entre las decisiones políticas y los beneficios privados.
Además de Fernández, también fueron procesados 33 imputados, entre ellos el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el propio Martínez Sosa. Todos integraban, según el fallo, un “esquema de defraudación sistemática” que se gestó al calor del poder presidencial.
No es la primera vez que el ex mandatario enfrenta serios cuestionamientos: su gestión al frente del Poder Ejecutivo dejó una economía devastada, una coalición política disuelta y una sociedad aún más polarizada.
La resolución de Casanello es contundente, aunque no definitiva. Como todo proceso judicial, el expediente deberá seguir su curso, pero el mensaje político es ineludible: quien estuvo en la cúspide del poder hoy responde ante la Justicia. Y si bien en Argentina eso no siempre garantiza consecuencias, sí marca un punto de inflexión en la escena pública.
En tiempos donde el descrédito sobre la política alcanza niveles alarmantes, la corrupción no solo erosiona instituciones: también destruye lo poco que queda del lazo entre representantes y representados. Que Fernández deba rendir cuentas por favorecer a su entorno íntimo no es sólo un capítulo más de su ocaso; es una señal de que, aun entre escombros, la Justicia puede —a veces— abrirse paso.
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