Por Luna Barracas
Abandono en la salud pública
Hay recortes que duelen. Y hay otros que directamente deshumanizan. En medio del ajuste más drástico desde el regreso de la democracia, el Gobierno de Javier Milei recortó un 34% el presupuesto para el régimen de protección integral de niños y adolescentes con cáncer, una ley que garantiza apoyo económico y cobertura en todas las fases del tratamiento. Pero no se trata solo de la poda: hasta ahora, de los más de mil millones asignados para 2025, no se ejecutó ni un solo peso.
El dato podría pasar desapercibido en un Excel del Ministerio de Salud, pero detrás de cada línea presupuestaria hay un niño que espera una medicación, una madre que no puede pagar el viaje al hospital, o un adolescente que necesita congelar esperma antes de iniciar la quimioterapia. La ayuda económica que estaba a cargo del Instituto Nacional del Cáncer —ahora convertido en un apéndice del ministerio— quedó desfinanciada, sin operatividad y sin responsables visibles.
La historia se repite en todo el país: hospitales municipales desbordados, centros de referencia cerrados, organizaciones civiles intentando tapar los agujeros que dejó el Estado. Mientras eso ocurre, el rubro de “conducción” del Instituto recibió un aumento del 420%, una cifra tan obscena como absurda. Se prioriza la gestión de la gestión por sobre el tratamiento del dolor.
La distancia entre la ley y la vida
La ley 27.674, sancionada en 2022 con amplio consenso, fue un hito en la protección sanitaria con enfoque de derechos. Establecía el acceso oportuno, gratuito y adecuado al tratamiento del cáncer en menores de 18 años. Pero en la Argentina del ajuste libertario, las leyes pueden quedarse sin presupuesto. Y entonces, dejan de existir.
La reducción no fue solo nominal: lo que prometía ser una ampliación progresiva de derechos terminó siendo su desguace. La proyección original para 2025 contemplaba más de 2.300 millones para este régimen. Sin embargo, se asignaron apenas 1.007 millones, y ni siquiera se activaron. El mensaje es claro: no hay plata para cuidar. Pero sí para concentrar recursos en la burocracia central.
Organizaciones como "Llegaremos a tiempo" denuncian la imposibilidad creciente de acceder a cuidados paliativos. En muchos distritos, directamente no hay profesionales. La medicina del dolor —que no es solo física, sino emocional— quedó relegada a un voluntarismo agónico. “Estamos acompañando a un chico de 17 años que va a iniciar quimio y necesita preservar su fertilidad. Lo estamos haciendo con ayuda de los Bomberos. El Estado no aparece”, relata Sandra Cirone, su presidenta.
Un Estado que ya no cuida
El deterioro no se reduce al presupuesto. La descentralización del Instituto Nacional del Cáncer fue desmantelada. Los puntos de contacto provinciales que articulaban con hospitales y pacientes dejaron de funcionar. Trámites frenados, medicación demorada, pedidos que se pierden. Apenas cinco provincias siguen gestionando los formularios. El resto quedó a la deriva.
En paralelo, la Dirección de Asistencia Directa (ex Dadse, hoy Dinadic) también fue vaciada. Hoy, muchos hospitales deben mendigar medicación oncológica fuera del vademécum, sin guía, sin ventanilla, sin respuesta. Y aunque el Gobierno convocó a las ONG a una mesa para discutir un nuevo reglamento, las demandas más urgentes siguen sin solución.
El recorte en salud oncológica infantil no es un error técnico: es una decisión política. Elegir no ejecutar el presupuesto para tratamientos de cáncer en niños es dar la espalda a lo más vulnerable de una sociedad. No hay épica del ajuste que justifique esta crueldad.
Porque cuando el Estado deja de cuidar, no es más austero: es más cruel. Y si un país no puede garantizar que un niño con cáncer tenga su medicación, su contención, su derecho a un futuro, entonces el problema no es la falta de plata. El problema es moral.
