El Gobierno reactivó el Renar y reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas. La medida, presentada como “libertad individual”, instala el modelo estadounidense: más armas, menos control. En la práctica, una sociedad donde el Estado se retira y cada ciudadano se defiende solo.
Actualidad06/11/2025
Armas, Estado y cultura del miedo
El decreto que habilita la tenencia civil de armas semiautomáticas no es un detalle administrativo: es un punto de inflexión cultural. Argentina avanza hacia un modelo donde la seguridad deja de ser un derecho público y pasa a ser una responsabilidad privada. El presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich lo presentan como “libertad individual”, pero en términos sociológicos se trata de una privatización de la violencia.
Desde junio, la administración libertaria viene desmontando los límites impuestos desde 1995: bajó de 21 a 18 años la edad para ser legítimo usuario, habilitó una “tenencia express” y eliminó la ANMaC, reemplazándola por el viejo Renar. Ahora, el nuevo régimen permite a civiles adquirir armas de uso militar, como fusiles y subfusiles. El marco legal impone requisitos formales —ser usuario registrado durante cinco años, acreditar “fines deportivos”, no tener antecedentes—, pero el cambio real es político: del control estatal al libre acceso.
El decreto 397/25 consagra lo que ya era una tendencia. El modelo de Milei se inspira en Estados Unidos, donde la portación es un derecho constitucional y los tiroteos masivos son rutina. En 2024 hubo 647 ataques con armas automáticas y más de 42.000 muertes por armas de fuego (Gun Violence Archive). El espejo es incómodo: el argumento de que “un pueblo armado se defiende mejor” nunca redujo la inseguridad, pero sí multiplicó la letalidad doméstica y los femicidios con armas.
En Argentina, la red civil por el desarme advierte lo mismo. Martín Angerosa, de la Red Argentina para el Desarme, resume: “El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco. Estas armas tiran ráfagas. No son para hacer tiro al blanco”. La comparación con Brasil no es exagerada: la liberalización de Bolsonaro disparó los crímenes por armas de fuego más del 40% y expandió el mercado ilegal.
Cultura de la bala y desarme del Estado
El argumento oficial es que “la gente de bien” podrá defenderse. Pero una sociedad armada no es una sociedad más segura. Los datos muestran que en el 60% de los homicidios dolosos en Argentina se usa un arma de fuego. Legalizar su acceso no reduce ese número: lo multiplica.
La antropología del miedo ayuda a leer el fenómeno: cuando el Estado promete libertad pero abandona el control, el individuo se arma para sobrevivir. Se instala una lógica del “yo contra todos”, una cultura de trinchera que refuerza el aislamiento social. En contextos de desigualdad y crisis económica, el resultado es una autodefensa sin red: los más pobres ponen el cuerpo, los más ricos compran seguridad privada.
En paralelo, el contexto social es cada vez más frágil: 15% de los trabajadores del país no logra cubrir las necesidades alimentarias básicas. En ese paisaje, el Gobierno impulsa un paradigma que equipara autonomía con armamento. El mensaje implícito: no esperes del Estado, deféndete solo.
La eliminación de la ANMaC (creada en 2015 para controlar y prevenir la violencia armada) borra una década de avances. La vuelta al Renar implica recuperar un modelo noventista centrado en el trámite, no en la prevención. Lo que se debilita no es la burocracia, sino la capacidad del Estado para detectar riesgos, controlar desvíos y evitar masacres.
Libertad o licencia para matar
El discurso oficial apela a la emoción: un pueblo libre, capaz de defender su propiedad. Pero detrás del relato hay un cambio cultural más profundo: el reemplazo del contrato social por el contrato balístico. En vez de garantizar derechos, el Estado ofrece pólvora.
En términos históricos, Argentina había aprendido esa lección. Después de los 90, con la crisis de seguridad y el auge del crimen organizado, se impulsó una política de desarme civil para reducir muertes y accidentes. Hoy, ese camino se revierte.
El futuro inmediato parece claro: más circulación, más accidentes, más miedo. En un país donde el trabajo no alcanza y la desigualdad crece, la liberalización de armas es la respuesta más violenta a un problema de fondo: la desprotección social. Milei promete libertad, pero lo que entrega es un permiso: el de disparar primero y preguntar después.
El INDEC reveló que más de un millón de personas comparten un cuarto con tres o más convivientes. Mientras el Gobierno celebra el ajuste y la baja de la inflación, los indicadores habitacionales muestran un país de urgencias amontonadas: hogares sin gas, sin cloacas y sin espacio.
Mientras el Gobierno celebra músculo político para reformar, la economía real marca otra cosa: trabajadores formales y no formales que no llegan a fin de mes, familias endeudadas para comer, pymes con sobrestock y persianas que bajan.
Mientras su CEO local reclama endurecer normas para Temu, Shein y compañía, Marcos Galperin prepara su mudanza al sillón de Executive Chairman. El mensaje es nítido: competir sí, pero con la cancha marcada.
La central obrera renovó autoridades y eligió un nuevo triunvirato con Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Con guiños al Gobierno y sin disimular la fractura interna, la nueva conducción ya da señales de pragmatismo. Una “CGTecita” con ADN de los ’90 que promete convivir, más que confrontar, con el mileísmo.
Roblox, una de las plataformas más populares entre niños y niñas, combina imaginación, conexión y peligro. Su éxito muestra cómo cambió la forma de jugar, pero también revela la fragilidad de la infancia digital: ¿cómo acompañar sin invadir, proteger sin asustar?
La campaña gruesa (soja y maíz) está virtualmente detenida, los caminos rurales se volvieron lodazales y los tambos recorren el triple para sacar la leche. No son terratenientes: son chacareros, cooperativas y pequeñas industrias lácteas que hoy ven perder todo.
La ex secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Morón, Cinthia Frías, aseguró que desde hace varios años le advirtieron al intendente Lucas Ghi sobre distintas situaciones de violencia vinculadas a Hernán Sabbatella y que el jefe comunal nunca actuó en consecuencia. Algunas de las denuncias tuvieron como víctimas a trabajadoras municipales.
La multinacional de rulemanes anunció el fin de la producción local como parte de una “estrategia global de optimización”. Los obreros denuncian que no existe crisis económica y acusan a la UOM de avalar el ajuste.
Sergio “Tronco” Figliuolo irrumpe en la política nacional con un recorrido atípico: de productor y socio de Alejandro Fantino en Neura a diputado por La Libertad Avanza. Su desembarco desde La Matanza al Congreso lo coloca como un outsider con visibilidad mediática y abre interrogantes sobre su futuro rol en lo que se viene.
El intendente de Pilar se mueve con perfil propio: joven, comunicación activa, y con aspiraciones hacia 2027. Tras quedar a un paso de encabezar en septiembre, mantiene su proyección.
Tras meses de conflicto, el hospital pediátrico logró un aumento del 61% en los básicos y bonos retroactivos. El Gobierno lo presentó como “orden y eficiencia”, pero los gremios lo leen como triunfo de la lucha.