Entre reunionismo, teléfonos en espera, los intendentes desesperan

Por María Belén Robledo

La Ley 15.315 no hace más que traer dolores de cabeza a intendentes y legisladores bonaerenses que ya miran a 2025 y, más allá, al 2027 y que ven muy lejana una nueva reelección. Si bien en comentarios de pasillo dicen que “falta mucho”, el reloj apremia y las preocupaciones crecen, expuestas en las conversaciones privadas.

Se trata de la normativa sancionada en épocas de Cambiemos, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal tenía como aliado al Frente Renovador y limitó las reelecciones a dos mandatos. En aquel entonces, la reglamentación incluyó el “truco” de poder pedir licencia antes de llegar a los dos años y continuar luego por otro periodo.

En 2021 se modificó esa “trampa” que había dejado la intervención de quien fuera ministro de Gobierno provincial de Vidal, el actual senador Joaquín de la Torre, lo que dejó a muchos intendentes con la posibilidad de ir por otro mandato en las elecciones de 2023.

Apenas iniciado este año, las conversaciones entre las intendencias y la Legislatura empezaron a multiplicarse. Muchos, de todos los espacios políticos, plantearon la negativa a poner en agenda mediática el tema. “Nosotros no estamos para ninguna cosa rara mientras la gente no puede pagar la luz ni llenar el chango”, dijo un experimentado peronista.

Intendentes del conurbano y del interior señalaron que esas conversaciones se dan y comenzaron a aparecer en las mesas de rosca, pero reconocieron, a la vez, que el tema está lejos de concretarse.

“Es algo que preocupa a todos”, sentenció a este medio un dirigente del interior. “Esto cambia la ecuación a muchos intendentes, que ya están pensando en formar herederos”, deslizó otro.

Una de las posibilidades que se baraja es poder incluir la modificación de esta legislación como intercambio en el debate por la boleta única en papel, una vieja pretensión de la actual oposición bonaerense. La idea, dicen, es ir por una gran reforma electoral que incluya todo y deje contentos a unos y a otros.

Desde el radicalismo le pusieron un freno a esa idea. “Si quieren modificar esa ley, hagamos una reforma de la Constitución, que se garantice la autonomía municipal y que defina cada Concejo Deliberante. No podemos estar cambiando la ley cada dos años, después nos enojamos cuando nos tratan de casta”, sentenció un legislador boina blanca con peso en los debates.

En medio de la discusión de pasillo, el Frente Renovador sentó postura y marcó que no cambiará lo dicho en 2016 y en 2021: como autores de la iniciativa, no apoyarán ningún cambio a la ley.

Un total de 79 intendentes sobre 135 son los que se verán imposibilitados de reelegir en caso de que la normativa no sufra modificaciones. 

En ese numeroso grupo, hay popes del peronismo, la UCR y del PRO que quedarían fuera que ya cargan con dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis gestiones encima.

Juan José Mussi (PJ - Berazategui), Mariano Cascallares (PJ - Almirante Brown), Mayra Mendoza (La Cámpora – Quilmes), Diego Valenzuela (PRO - Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (PRO – Mar del Plata), Miguel Lunghi (UCR - Tandil) y Franco Flexas (UCR – General Viamonte), son algunos de los nombres fuertes que quedarían afuera de la competencia.

Los legisladores, afuera

Los intendentes no son los únicos en problemas. Un buen número de diputados y senadores provinciales -muchos de ellos con terminal directa en las Comunas- también se quedarán sin la chance de poder renovar las bancas, al menos no en la Cámara a la que actualmente pertenecen, aunque sí podrían ir por la otra.

Los peronistas María Teresa García, Gustavo Soos, Luis Vivona, Facundo Tignanelli y Susana González son algunos de ellos. Integran el mismo grupo los del PRO Adrián Urreli, Aldana Ahumada y Matías Ranzini y los radicales Agustín Máspoli, Flavia Delmonte, Emiliano Balbín y Alejandro Celillo.

Roscas sin parar

o se trata de un tema más. La preocupación es grande. Cabe recordar que la ley fue aprobada en 2016 tras un acuerdo de partes entre la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el Frente Renovador. El objetivo de la normativa era que se aplique desde 2015. Sin embargo, a finales de 2021 legisladores de un sector del peronismo, la UCR y el PRO aprobaron una nueva iniciativa en la que se modificaba un artículo y en la que también se ponía blanco sobre negro en la idea de que no se puede legislar hacia atrás.

Es por que el primer mandato para los jefes comunales es considerado el de 2019 y el segundo el de 2023. La urgencia hoy tiene que ver con que, en el caso de los legisladores y concejales, para los que también aplica, empezó a regir en 2017 y el de 2021 fue el último con posibilidad de reelección. De esta manera, para el 2025 se necesitará de muchas caras nuevas. Algo por lo que algunos de los interesados no están dispuestos a experimentar.