El Ministerio de Seguridad habilitó el uso de identidades falsas en redes para combatir delitos complejos. Aunque la medida busca prevenir crímenes graves, abre interrogantes: ¿hasta dónde puede llegar el control del Estado en nuestras conversaciones privadas?
Actualidad17/07/2025
Espionaje, redes sociales y seguridad interior
Con la firma de la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno activó una medida tan ambiciosa como controvertida: la creación de “agentes encubiertos digitales”. A partir de ahora, las fuerzas de seguridad podrán operar en redes sociales y mensajería privada bajo identidades ficticias creadas con documentación falsa, provista por el propio Estado. En teoría, es una herramienta para combatir delitos complejos. En la práctica, el riesgo de que se deslice hacia el espionaje político o la manipulación judicial está latente. En un país con heridas abiertas por el uso arbitrario de la inteligencia interior, el debate no puede ser superficial.
La iniciativa se formalizó a través de la resolución 828/2025. El dispositivo contempla que los agentes infiltrados —avalados por un juez, según la ley vigente desde 2016— actúen con avatares digitales, es decir, perfiles falsos en redes sociales, respaldados por documentación real emitida especialmente por el Renaper. El objetivo declarado: prevenir o desarticular delitos como narcotráfico, trata de personas, abuso sexual infantil o secuestros extorsivos. Un universo donde el crimen efectivamente se camufla, se contacta y opera digitalmente.
La lógica parece impecable: si los delincuentes actúan en la virtualidad, el Estado no puede quedarse atrás. Pero no todo es blanco o negro. El mismo esquema que permite infiltrar una red pedófila podría usarse para ingresar a grupos políticos, sindicales, religiosos o militantes. ¿Quién traza esa frontera? ¿Qué juez rechaza la solicitud de un avatar cuando el delito invocado es, por ejemplo, “incitación a la violencia” o “riesgo institucional”?
Entre la prevención legítima y la vigilancia indebida
Uno de los puntos más delicados es la superposición normativa. Aunque la Ley 27.319 exige orden judicial para desplegar este tipo de agentes, todavía está vigente el decreto 383/2025, que permite patrullajes en redes por parte de la Policía Federal sin necesidad de autorización previa. Es decir, mientras un agente digital con avatar necesita permiso judicial, otro puede observar, registrar y reportar contenido de usuarios sin control externo alguno.
Y acá empieza el dilema político. Porque las redes sociales no son solo escenarios delictivos: son también plataformas de expresión, organización y protesta. Que el Estado pueda infiltrarse con perfiles falsos en estos entornos, sin dejar rastro, habilita una zona gris donde el límite entre prevención y persecución se vuelve difuso. Basta recordar los antecedentes de espionaje ilegal en gobiernos anteriores —de todos los colores políticos— para comprender por qué esta resolución genera inquietud.
La resolución también establece que los datos de identidad de estos agentes se almacenarán bajo “código de seguridad único” en una unidad especial del Ministerio de Seguridad. La opacidad es total. Ni la ciudadanía ni otros organismos estatales tendrán acceso a esos registros. Todo queda en manos del Ejecutivo, salvo en los casos en que actúe bajo orden judicial. ¿Y si no lo hace?
La creación de agentes digitales encubiertos refleja una verdad incómoda: el crimen se digitalizó, y el Estado necesita herramientas para enfrentarlo. Pero también nos enfrenta a otra verdad más inquietante: esas mismas herramientas pueden ser usadas para vigilar a ciudadanos que no han cometido ningún delito. Patricia Bullrich lo sabe. Su historial la precede. En un contexto de polarización y concentración de poder, la pregunta no es si hace falta inteligencia para prevenir delitos. La pregunta es si tenemos las garantías necesarias para evitar que esa inteligencia se convierta, otra vez, en un arma contra la política, la disidencia o la vida privada.
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